Parece que el cierre de la mitad de las bibliotecas del condado de Brent no tiene vuelta de hoja. En Inglaterra una de cada diez bibliotecas públicas está en peligro.
Allí los recortes se han cebado también con la educación pública, especialmente con las universidades, cuyas matrículas son cada vez más altas, y los centros de educación para adultos, que ven cómo el número de estudiantes ha caído en picado.
Resultaría menos alarmante si no fuese un fenómeno con apariencia de pandemia: baste recordar las protestas estudiantiles en Chile contra la subida de las tasas universitarias, a las que se acaban de unir los colombianos.
En el Madrid del que soy oriundo sucede algo similar, aunque con toques esperpénticos (muy madrileños, muy del Callejón del Gato): amparándose en la crisis y en la necesidad de reducir gastos, la Comunidad de Madrid ha dejado sin empleo a 3000 profesores de la enseñanza pública preuniversitaria. Pero hay trampa: el dinero no se está ahorrando. El monto de esa partida se destina íntegramente a subvencionar la educación privada.
Si creyéramos en las conspiraciones, pensaríamos que lo que ciertos políticos pretenden es que sólo puedan leer o estudiar quienes se lo puedan costear. Es decir, que de nuevo sólo una minoría constituya la clase letrada. Pareciera que ideales como la universalización de la educación y de la cultura pertenecieran a un pasado tan remoto que no debiéramos acordarnos de él.
Muchos olvidan que educación, cultura, economía y sociedad están interconectadas. Nada halagüeño le puede esperar a un país lleno de bibliotecas cerradas y aulas vacías.
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